La Asociación de Promotores y Constructores (APCE) ha indicado que las ventas de casas han caído un 60% entre septiembre de 2007 y abril de 2008. Ante esta situación, algunos deciden bajar los precios en determinados supuestos y mercados, siempre que el Gobierno impulse medidas que contribuyan a animar la compraventa de viviendas con la pretensión de impulsar la venta del stock de 500.000 viviendas. En esta situación se ralentiza la construcción en 2008, esperándose iniciar 250.000 nuevos pisos (algo más de una tercera parte que en años anteriores). Además la banca no ha descartado asumir costes en los procesos de ampliaciones de las hipotecas.

Los promotores advierten de que de no cambiar esta tendencia existirán problemas de desempleo y que la situación será peor aún en 2009 afirmando que "en vez de tener 300.000 parados en el sector" de la construcción, habrá "unos 500.000", y que "si nosotros no vendemos (pisos), Hacienda no obtiene ingresos y, además, tendrá que pagar subsidios de paro".

La APCE señaló a la crisis financiera como motivo de la actual crisis del sector, además de señalar a los "especuladores y a los vendedores de vivienda de segunda mano" de gran parte del aumento que el precio de la vivienda registrado en los últimos años. Para 2008 calculan que el precio medio de los pisos evolucionará ligeramente por debajo del Índice de Precios de Consumo (IPC).

Para afrontar la actual situación los promotores proponen al Gobierno una serie de medidas. Una de ellas es la articulación de un nuevo tipo de vivienda protegida: consistiría en una vivienda libre que se convertiría en protegida en el momento de su venta. De esta forma su financiación contaría con la garantía de que el tipo de interés no superará el máximo de la VPO (actualmente en el 5,09%) durante un periodo de tiempo.

Otra propuesta consiste en adelantar el cobro de la desgravación fiscal ligada a la compra de vivienda, además de actualizarla respecto a la inflación. Se pretende que el comprador la percibiría a través de la nomina mediante una menor retención.

También se sugiere deducciones en la letra de la hipoteca durante cinco años a quien compre una segunda vivienda para ponerla en alquiler, además de que no tenga que pasar un año desde que se acaba de construir una vivienda libre hasta que pueda venderse como protegida.

De nuevo la APCE insiste en que se ponga en el mercado suelos públicos actualmente propiedad de ministerios y empresas públicas, así como homogeneizar los planes de viviendas de las distintas comunidades autónomas y revisar el precio medio nacional de la vivienda protegida para que resulte rentable.